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La importancia de lograr la igualdad de género en el sector rural

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Autora: Claudia Derbez Fernández

País: México 

La igualdad de género en las áreas rurales es un pendiente en el cual es indispensable avanzar. La agricultura sigue siendo la mayor fuente de trabajo en el empleo rural y las mujeres representan casi o incluso más del 50% de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo, así como cerca de la mitad de los 600 millones de administradores de ganado en pequeña escala a nivel global y aproximadamente el 50 % de la fuerza laboral en pesquerías en pequeña escala (FAO, 2020). 

Sin embargo, la diferencia entre hombres y mujeres sigue teniendo repercusiones en cuanto a la libertad de capacidades de las mujeres, su autonomía y toma de decisiones. Los estereotipos de género, a través de los cuales las diferencias biológicas se convierten en desigualdades estructurales, continúan siendo un obstáculo para todas las mujeres, y en mayor medida para las mujeres rurales, por ser un sector donde prevalecen con mayor fuerza dichas desigualdades de género. 

En las zonas rurales en México, las mujeres dedican hasta 33 horas a la semana al trabajo no remunerado del hogar (trabajo de cuidados) y los hombres solo seis: una diferencia de 27 horas por semana, mayor que en zonas urbanas, donde es de 19.2 horas semanales. Esto merma las opciones y libertades de las mujeres, tanto de tener tiempo para el trabajo remunerado y por lo tanto su autonomía económica, como para desarrollarse personalmente en otros aspectos, de acuerdo con sus competencias e intereses.

Las mujeres rurales tienen, en comparación con los hombres, menor ingreso económico, menor posesión de la tierra, menor poder de toma de decisión sobre sus bienes y escaso acceso a seguridad social y servicios de salud. Las mujeres rurales mayores de 15 años han estudiado en promedio solo 6.6 años, 2.4 años menos que a nivel nacional, lo cual reduce sus oportunidades de empleo. En 2015, solo el 13 % de las mujeres rurales tenía acceso a servicios de salud y dos de cada tres muertes maternas que carecieron de atención médica ocurrieron en localidades rurales, lo cual afecta su calidad y esperanza de vida. Sólo tres de cada diez mujeres que laboran en el sector agropecuario reciben un salario por su trabajo, aspecto que deja entrever las desigualdades estructurales de género, la alta informalidad laboral y el alto riesgo a exposición a accidentes de trabajo.

En México, la mitad del territorio nacional es propiedad social, ya sean ejidos o comunidades, y poco menos de un tercio de las de las personas que cuenta con algún tipo de derecho agrario reconocido son mujeres, (ejidatarias, comuneras, posesionarias o avecindadas), lo que equivale a 1.4 millones de mujeres; de ellas, el 48.48 % es mayor de 50 años. Asimismo, los órganos de representación se conforman con tan solo un 21 % de mujeres. Si las mujeres tienen el mismo acceso que los hombres a recursos productivos, pueden aumentar la productividad de sus terrenos de manera significativa, lo que, a su vez, podría reducir el hambre en el mundo (FAO, 2019).

El mayor nivel de marginación lo enfrentan las jornaleras agrícolas, quienes no poseen ni arriendan la tierra que trabajan. Es posible hablar de un rango de entre 300 000 a 500 000 jornaleras agrícolas en México (INEGI, 2016), y es importante notar que, debido al ciclo estacional de producción, muchas personas jornaleras migran del sur del país al norte del mismo para llegar a los centros agrícolas, donde trabajan máximo seis meses al año. La temporalidad del trabajo y el estatus migratorio reduce sus redes de apoyo y expone a las jornaleras a más riesgos y situaciones de vulnerabilidad. De la población jornalera agrícola en México, el 40 % es indígenas,  el 90 % trabaja en la vulnerabilidad informalidad laboral y solo el 3% tiene un contrato escrito (INEGI, 2016), lo que representa un reto hacia la formalización laboral y una oportunidad de extender la protección social.

Al reducir –y eventualmente eliminar– las desigualdades de género en el sector rural, se contribuirá a mejorar los niveles de vida de las personas rurales. A la par, al aumentar el nivel de escolaridad de las mujeres y el acceso de ellas a servicios financieros y capacitaciones laborales, se dinamizará el empleo rural, lo cual mejorará la capacidad de resiliencia de las mujeres jornaleras y sus familias, ya que se ha demostrado que el empleo rural no agrícola contribuye a alcanzar a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Las respuestas para impulsar el desarrollo en territorios rurales y mejorar así la calidad de vida de sus habitantes, sólo se pueden encontrar incluyendo activamente a las mujeres en la búsqueda de ellas. 

Claudia Derbez Fernández es Consultora de Género y Protección Social en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Tiene experiencia trabajando con mujeres rurales en distintas regiones del país desde la investigación social, la sociedad civil organizada y el gobierno federal. Es internacionalista por la Universidad Iberoamericana y maestra en Desigualdades y Ciencias Sociales por la London School of Economics.

* No existe una estimación única del número de personas jornaleras agrícolas en México, dada su alta movilidad y registros oficiales escasos, y la existente no está desagregada por género ni por pertenencia a pueblos indígenas y afrodescendientes.